Las leyes relativas a la libertad de expresión y las actividades en Internet de los periodistas varían de un país a otro y no siempre se ajustan a las normas internacionales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) desglosa cinco aspectos legales que los periodistas deben tener en cuenta al comunicarse en línea.
En la actualidad, los periodistas utilizan constantemente Internet en su trabajo diario, tanto si informan en democracias como en países autoritarios. Las leyes relativas a la libertad de expresión, la privacidad y las actividades en línea varían de un país a otro y no siempre se ajustan a las normas internacionales, mientras que algunos gobiernos llegan incluso a utilizar la legislación para perseguir a los profesionales de los medios. A continuación, se detallan cinco aspectos legales que los periodistas deben conocer antes de comunicarse y navegar por Internet.
1) Las “leyes duras” prevalecen sobre las “leyes blandas” en materia de libertad de expresión
Los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en sus artículos 12 y 19, respectivamente. 192 países han firmado la Declaración, consensuando, así, que estos derechos deben ser respetados y convertirse en norma internacional. Sin embargo, no se respetan en numerosos países. En primer lugar, la DUDH se considera una “ley blanda” no vinculante, por lo que no puede invocarse ante los tribunales nacionales, a diferencia de las “leyes duras” aplicadas por los gobiernos nacionales. En segundo lugar, muchos países han promulgado leyes específicas que vulneran estos derechos humanos en nombre de la “prevención del delito”, la “protección de terceros” o la “salvaguardia de la seguridad nacional”. La definición y aplicación de estas leyes varían, por lo que los periodistas deben conocer las legislaciones y prácticas vigentes en los Estados sobre los que informan.
2) La vigilancia selectiva y la vigilancia masiva suelen ser legales
La vigilancia selectiva significa que una autoridad que recela de una persona utiliza la vigilancia para controlarla y recopilar información que pueda incriminarla. La vigilancia masiva significa que una autoridad no sospecha de una persona concreta, pero quiere recopilar tantos datos como sea posible y luego buscar comportamientos sospechosos entre la población. Estas dos formas de vigilancia, normalmente recogidas de forma distinta en la legislación, suelen ser legales. Conocer la articulación de cada una de ellas y cómo podrían utilizarse contra los periodistas es fundamental a la hora de evaluar la amenaza de la vigilancia gubernamental en el país en el que opera un reportero.
3) Los sitios web pueden estar legalmente obligados a facilitar los datos de los usuarios al gobierno
Los proveedores de servicios de Internet (ISP), las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los sitios web recopilan datos sobre sus usuarios. Estas empresas pueden verse obligadas a entregar esta información a los gobiernos. Hasta la fecha, ni las leyes nacionales ni los términos de servicio de ningún sitio web o aplicación explican claramente el acuerdo que una empresa tiene con el gobierno bajo el que opera. Por lo tanto, se recomienda a los periodistas que investiguen dichos acuerdos y tengan en cuenta esta información cuando naveguen por estos sitios o utilicen estas aplicaciones.
4) Las “leyes offline” suelen ser aplicarse al mundo online
Internet, en rápida evolución, no está totalmente regulado por la ley debido a su constante desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos coinciden en que las “leyes offline” deben aplicarse en gran medida al mundo online. A veces, lo que varía de un país a otro es qué comportamientos consideran los distintos gobiernos como actividades delictivas. Por ejemplo, algunos Estados sostienen que el uso de tecnologías como las herramientas de cifrado o las redes privadas virtuales (VPN), que ocultan la actividad en Internet a los gobiernos y a terceros, es un delito en sí mismo. Los periodistas deben comprobar siempre qué herramientas digitales se consideran ilegales en el país en el que trabajan y sopesar cuidadosamente si los beneficios superan a los riesgos.
5) El cifrado y el anonimato no son derechos garantizados
En 2015, el entonces relator especial de la ONU David Kaye presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que defendía que el anonimato en línea y el uso de herramientas de encriptado deben ser derechos protegidos. Hasta la fecha, no ha habido ninguna propuesta legal en este sentido. Los países pueden prohibir el uso de herramientas de anonimización, y los periodistas pueden ser procesados o perseguidos por utilizarlas.